La Segunda – 29 de marzo
No causa sorpresa que uno de los principales atractivos de Chile como destino turístico sea su atributo de ofrecer a los visitantes experiencias inolvidables vinculadas a la naturaleza. Si se quiere hacer del turismo una actividad sustentable, hay que preservar esos maravillosos entornos naturales, especialmente en los tiempos actuales, en que el cuidado del medio ambiente y el conservacionismo forman parte de la agenda global y son un factor motivacional al momento de decidir dónde viajar.
La industria del turismo está tomando cada vez más conciencia respecto a esto; sin embargo, la institucionalidad dedicada al cuidado y gestión del patrimonio natural del país está obsoleta y requiere de una pronta modernización.
Con la reciente creación de la Red de Parques de la Patagonia, Chile cuenta hoy con 41 parques nacionales en el Sistema de Áreas Silvestres Protegidas que administra Conaf, y que también contempla reservas nacionales, monumentos naturales y más de 30 áreas marinas protegidas.
El turismo en áreas protegidas presenta una serie de beneficios, pero también desafíos importantes; sobre todo, con el incremento de visitantes chilenos y extranjeros. Las áreas protegidas recibieron en 2017 un total de 3.019.432 visitantes, el 28,6% de ellos corresponde a turistas extranjeros.
El aporte de los visitantes a las áreas protegidas se estima en cerca de US$ 1.600 millones, lo que corresponde al 16% del aporte total del turismo a la economía nacional.
En este contexto, disponer de un sistema único de áreas protegidas permitirá asegurar un óptimo uso del patrimonio, protegiendo y conservando la biodiversidad, fomentando el respeto por la identidad cultural, y garantizando que los beneficios económicos derivados sean adecuadamente distribuidos, generando empleos de calidad, ingresos y servicios para las comunidades locales.
Con todo, es fundamental que el proyecto de ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), y que se tramita desde 2011 en el Congreso, sea aprobado pronto. El Gobierno le puso en enero suma urgencia a la iniciativa, por lo que cabe esperar que los legisladores le impriman celeridad, y así contemos con una institucionalidad acorde a los desafíos y avances que el país y el turismo demandan.
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